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A menos que las bancadas humalista o fujimorista cambien de opinión a último momento, todo indica que el código del consumidor, aprobado en primera votación por la Comisión Permanente la semana pasada, no será aprobado antes de 28 de julio. Según el congresista Rafael Yamashiro (UN), el jueves pasado, luego de aprobar el texto, se pidió la firma de los voceros de las bancadas para la dispensa de la segunda votación. “El reglamento indica que se necesitaba la firma de 72 parlamentarios. Pero solo consiguieron 59”, detalló. Unidad Nacional, aclara Yamashiro, firmó en un primer momento el acta y es por eso que ya se tenían los votos para enviar el proyecto al Ejecutivo, pero al día siguiente retiraron la firma porque deseaban un mayor debate. A partir de ese momento —agregó— los parlamentarios apristas se dedicaron a buscar el apoyo de nacionalistas o fujimoristas, pero no lo han logrado. “Ni nacionalistas ni fujimoristas están conformes (con el código). Se están incrementando los costos a través de procedimientos que finalmente se trasladan al consumidor y no se está resolviendo el problema de fondo”, comentó Yamashiro. “Nosotros creemos que es indispensable contar con un verdadero código de consumo. Pero no un arroz con mango. Nos retiramos porque sentimos que se estaba trabajando al caballazo. Esperamos que se abra el debate antes de la segunda votación y se pueda tomar una decisión reflexiva. Estamos a favor de un código, pero no vamos a firmar ahora. Vamos a esperar el debate en la próxima legislatura”, afirmó Daniel Abugattás. Y si bien el congresista Yonhy Lescano (AP) aún espera que los humalistas cambien de parecer antes del viernes (la nueva directiva se elige este lunes 26), desde la bancada aprista confirmaron que el código ya estaba en el primer lugar en la agenda asignada para la siguiente legislatura. NO VEN NECESARIA LA LEY En el sector privado tampoco están conformes con el nuevo texto y esperan que pueda ser estudiado más al detalle en agosto con la nueva legislatura. Rosa Bueno de Lercari, abogada del estudio Fernández-Dávila & Bueno, afirmó que la legislación actual cubría satisfactoriamente los derechos de los consumidores y no se necesitaban nuevas leyes. “Este código es una medida política que los empresarios no creen necesaria. El problema no son las normas, sino la falta de cumplimiento de las normas y la debilidad de los organismos reguladores para fiscalizar”, afirmó. Bueno de Lercari también comentó que el sector empresarial percibía que este texto era muy reglamentarista solo con algunos sectores y en su conjunto no era equilibrado y coherente, sino una sumatoria de muchas sugerencias. Coincidió en esta percepción Jorge Allende, abogado del estudio Olaechea, quien aseguró que las empresas consideraban que este texto era muy intervencionista. “Se está incorporando un control fuerte en algunos sectores. Y nos preocupa ver un Estado que interviene mucho, cuando es la competencia la que debe regular el mercado”, alertó. Además, estimó que sus clientes —y todas las empresas en general— recibirían el doble de quejas de usuarios disconformes cuando se promulgue este texto, lo cual podría ocasionar una sobrecarga de demandas en el Indecopi y una mayor burocracia. Para Jorge Allende, el texto actual es mejor que las versiones anteriores, e incluso lo calificó como “no tan socialista”, aunque —sostuvo finalmente— este no pasa de ser una recopilación de muchas sugerencias.

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